Así lo han destacado hoy juristas, diputados y responsables de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante la jornada “Retos de la ley de protección de datos ante la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo”, organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe) en el Colegio de Abogados de Madrid.
Recuperar el control de los datos
El reglamento permitirá al usuario recuperar el control de sus datos personales, de modo que no tenga que renunciar a ese derecho a cambio del acceso a la innovación, en un mercado en donde gran número de proveedores de servicios de internet “está monetizando” la información de las personas “como modelo de negocio”, y eso está generando desconfianza, ha explicado Jesús Rubí, adjunto a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
Durante el acto han participado también los juristas José Luis Piñar y Diego López Garrido, y varios de los diputados responsables de la tramitación del proyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español al reglamento europeo.
Los ponentes han insistido en las ventajas para el ciudadano de esta normativa que actualiza la vigente en Europa y que mejorará la privacidad en el actual entorno de internet en donde los datos personales están cada vez más expuestos públicamente y son fácilmente identificables y reutilizables con la tecnología.
Informar sobre el uso de datos de los europeos
Este reglamento afectará a todas las empresas que recaben y traten datos de europeos aunque sean de fuera Europa, lo que incluye a Facebook, Google, Amazon, Apple y cualquier otra, así como cualquier negocio convencional o en internet que procese información que pueda identificar al usuario (teléfono, dirección, datos bancarios, tarjetas).
Asimismo, en el marco de esta normativa, la transferencia de datos personales a terceros exigirá el consentimiento expreso del afectado, a quien se le deberá informar de forma clara, concisa, transparente y fácil de entender la finalidad que busque con el uso de sus datos una empresa. “El silencio no servirá ya como consentimiento”, sino que se exige una aceptación clara y expresa, ha precisado Rubí.
También se reconoce el derecho de acceso, es decir a obtener confirmación de la empresa cuando el usuario le pregunte si tiene algún dato personal suyo, y el de portabilidad de modo que se le permita llevar su información en formato técnicamente utilizable a cualquier otra empresa, por ejemplo de una red social a otra.
Autorizaciones obligatorias
El procesamiento de datos personales de menores sólo será válido si lo autorizan los padres o tutores y el derecho al olvido exigirá que se retiren en todas las réplicas de la publicación los datos que hubieran causado perjuicio al afectado.
Los ponentes se han referido en el acto al bombardeo de información que están recibiendo los ciudadanos en sus móviles y por correo electrónico de las empresas sobre sus políticas de privacidad en los últimos días y que no está justificada en muchos de los casos en los que ya tuvieran previamente el consentimiento para su utilización, ni las que se acojan a la figura del “interés legítimo”.
En relación con “estas comunicaciones masivas”, el responsable de la AEPD ha advertido del riesgo de que algunas de esas empresas estén buscando “subrepticiamente” el consentimiento expreso de los usuarios para fines distintos a los inicialmente previstos.
El diputado socialista Artemi Rallo ha advertido, por su parte, del riesgo de un posible “divorcio” entre la normativa y la realidad que luego impere en las empresas para intentar sortear el reglamento de algún modo.
Así, ha denunciado prácticas como la de WhatsApp al pedir en los últimos días la confirmación de edad de sus usuarios alegando que tiene que ser de al menos 16 años pero sin comprobar que el interesado dice la verdad.
También Ricardo Sixto Iglesias, de Izquierda Unida en el grupo parlamentario Unidos Podemos, ha advertido del peligro de que la cascada de informaciones recientes sobre políticas de privacidad de muchas empresas sea sólo un mecanismo “estético” para aparentar que se cumple con la nueva legalidad.
Adaptación a la normativa europea en España
Al margen del reglamento, en España se tramita un proyecto de ley de protección de datos en fase de Ponencia para adaptar nuestro ordenamiento a la normativa europea, que entrará en vigor previsiblemente en torno a otoño, según los ponentes, y al que se han presentado más de 300 enmiendas.
El reglamento europeo delega en los estados miembros la regulación de ciertos aspectos muy concretos, por ejemplo, la edad mínima del menor para el uso de redes sociales, que fija en 16 años, pero permite rebajarla hasta los 13, como se ha incluido precisamente el proyecto de ley español en su texto inicial aunque las propuestas de los grupos son dispares y eso está generando debate.
Otro de los aspectos controvertidos es del tratamiento de los datos personales para investigación biomédica, de modo que se garantice la privacidad de los individuos sin lastrar los avances en la investigación. EFEfuturo
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