Tras la aprobación en comisión del dictamen de la Ponencia encargada de estudiar esta legislación, el proyecto será votado la próxima semana en el Pleno del Congreso y posteriormente se debatirá en el Senado, según ha informado hoy el portavoz socialista, Artemi Rallo.
La iniciativa busca adaptar el ordenamiento español al reglamento europeo de Protección de Datos aprobado antes del verano, con el objetivo de aumentar las garantías de privacidad de los ciudadanos en un nuevo entorno digital en donde su intimidad está mucho más expuesta.
El proyecto de ley español, sin embargo, va mucho más allá del ámbito de la protección de datos e incorpora una carta de derechos digitales, que ha suscitado críticas por parte de sectores de la industria digital y del ámbito de internet, porque consideran que se trata de derechos fundamentales que deberían debatirse antes ampliamente.
En la Comisión de Justicia del Congreso, los grupos han negociado dos enmiendas “in voce” que clarifican aspectos sobre el derecho de rectificación en internet y los plazos sobre la incorporación de delegados de protección de datos en entornos de salud e investigación.
En lo relativo al derecho de rectificación, un ámbito que ha suscitado críticas desde ciertos sectores por el temor a un posible exceso de funciones otorgadas a las multinacionales tecnológicas, el texto establece que las redes sociales se limitarán a informar de la petición del solicitante afectado por datos supuestamente erróneos al titular de la cuenta en donde aparecen publicados.
“La red social deberá procurar un protocolo” para que esa solicitud del afectado sea reenviada al usuario que ha publicado contenidos que no se ajustan a la realidad “para que los rectifique”, ha explicado Rallo, tras destacar el alto consenso de esta iniciativa que goza de “un valor extraordinario” y que modifica doce leyes relevantes.
Testamento digital
Otro derecho incorporado en este proyecto es el del testamento digital que garantiza que los familiares de fallecidos puedan cancelar las cuentas de estos en redes sociales.
Asimismo, se incorpora el derecho al “olvido” en internet, que se ajusta a la sentencia del Tribunal Europeo que dio la razón en su día a un español en su petición de que Google borrara de sus motores de búsqueda unos enlaces que le perjudicaban aunque la ley española extiende lo dictaminado en la UE a todos los buscadores, según Rallo.
También se garantiza el derecho a la intimidad en el ámbito laboral y la limitación de videocámaras y dispositivos de audio en el trabajo, que quedan prohibidos en lugares de descanso como los comedores u otros espacios.
Asimismo se establece el derecho a la desconexión del empleado fuera de los horarios de trabajo, mientras que la edad mínima de los menores para el consentimiento del uso de sus datos por ejemplo en redes sociales queda establecida en los 14 años, después de que el reglamento europeo de protección de datos diera opción a los Estados para fijarla en una franja que va desde los 13 a los 16 años.EFEfuturo
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