Este proyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, y que está pendiente ahora de pasar a la fase de Comisión en el Congreso como parte de su tramitación parlamentaria, cuenta con “gran consenso” de los grupos, explica hoy a Efefuturo el diputado socialista Artemi Rallo.
La mayoría de enmiendas presentadas al texto inicial de esta iniciativa que incluye un centenar de artículos han sido ya transaccionadas y existe “un compromiso general de apoyo de todos los grupos”, añade el parlamentario del PSOE, quien confía en que la iniciativa esté definitivamente aprobada antes de finales de año.
En el dictamen de la ponencia que ha analizado el proyecto de ley han quedado ya fijados criterios como la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres que finalmente se establece en los 14 años, frente a los 13 en el texto inicial -el reglamento europeo de Protección de Datos da margen a los Estados miembros para fijar dicha edad en una banda de entre 13 y 16 años.
Una batería de derechos digitales
Asimismo el proyecto de ley garantizará una batería de derechos digitales a propuesta del grupo socialista, que además de la desconexión digital del trabajador fuera de sus horarios laborales incluye también el derecho “al olvido” cuando los datos resulten “inadecuados, no pertinentes o excesivos” con el paso del tiempo.
La normativa pasará a denominarse Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, como solicitaba el grupo socialista, en lugar de sólo de protección de datos, una propuesta que finalmente ha recibido “el apoyo de todos los grupos”, añade Artemi Rallo.
También se garantizará la protección de la intimidad de los trabajadores con la existencia de protocolos de uso de dispositivos digitales acordados por la empresa y los trabajadores.
Se reforzará asimismo la privacidad de los empleados ante sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo.
“Bajo ningún concepto se puede menoscabar el derecho a la intimidad de los trabajadores” bajo el argumento de la seguridad, explica a Efe la diputada de Unidos Podemos Sara Carreño.
Asimismo, se facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como “bebes robados” a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos, añade Carreño.
Así, la normativa incluye una disposición adicional con una referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales.
Por otra parte, la ley garantiza además que el derecho a la privacidad no perjudique la investigación biomédica y en el nombramiento de director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participará el Congreso, como reclamaban sobre todo Ciudadanos y PSOE.EFE
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